Más sobre la Reforma Laboral
Disponemos ya de bastantes más reacciones políticas y sindicales a la Reforma Laboral (texto íntegro) acordada por el Gobierno con las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC.OO. y UGT. Reforma que, si nadie lo remedia, entrará en vigor el próximo 1 de julio.
El llamado "Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo" fue criticado con dureza por el sector crítico de CC.OO., que afirmó que no reducirá la precariedad y abaratará el despido, motivos por los que considera que "la lucha contra la precariedad y la exigencia de un trabajo estable, seguro y con derechos debe de continuar sin descanso".
Tambien desde el mundo sindical, la Confederación General del Trabajo manifiesta que esta reforma no da ninguna respuesta real a los contratos de obra y servicio y mantiene el “ilegalismo masivo” institucional y empresarial.
De entre los firmantes, UGT ha ratificado en su Comité Confederal el acuerdo por unanimidad, donde la central socialista, a traves de su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer destacó que "el documento contiene medidas favorables para impulsar la estabilidad en el empleo".
Pasando al terreno político, el Partido Popular apoya la reforma, considera positiva y pide su tramitación parlamentaria, segun manifestó Miguel Arias Cañete. Por su parte, Ana Pastor, secretaria de Política Social y Bienestar ha pedido saber cuanto cuesta a los ciudadanos esta reforma.
Javier Alcázar, de Izquierda Unida, ha cuestionado las bonificaciones a los empresarios "en una época record de beneficios empresariales". Considera pues que la reforma es insuficiente.
El PCE, por su parte, sigue siendo la organización política que se ha posicionado de forma más clara frente a este acuerdo, pues considera que "la nueva reforma laboral no va a reducir las altas tasas de eventualidad y precariedad del mercado laboral". Su Secretario General, Paco Frutos se suma a las críticas afirmando que "sin información, participación y movilización del conjunto del movimiento obrero en la defensa de sus intereses no será posible avanzar".Además hizo un llamamiento a su afiliación, a la clase trabajadora y a sus sindicatos para "recuperar el espíritu combativo, la organización y la acción en respuesta a las agresiones del capital y por la consecución de un reparto más justo de la riqueza".
Algunos comentarios criticcoos a los contenidos pactados.
1. No hay mejora del crecimiento. Ya que no cambia al modelo laboral y productivo al seguir apostando por un mercado laboral desprotegido y unos empresarios subvencionados, una alta precariedad, bajos costes laborales y salariales, elevados incumplimientos patronales de la legislación y débil capacidad de
intervención sindical. En definitiva, se abunda en un modelo productivo de bajos vuelos, poco competitivo y muy vulnerable como indica el brutal déficit comercial.
2. No va a reducir la precariedad laboral. Por un lado, porque no restablece la causalidad en la contratación y porque continuarán vigentes toda la maraña de contratos temporales a la carta y sin ninguna causalidad. Por otro, porque la medida central de esta reforma es el abaratamiento del despido. Esta medida ya se aplicó
con la reforma de 1997 y fracasó tan rotundamente que casi una década después seguimos teniendo la precariedad más alta de Europa (un 34% frente a un 14%).
3. Abarata el despido. A través de la recuperación y extensión de los llamados contratos de fomento de la contratación indefinida con el despido barato (33 días por año y un máximo de 24 mensualidades, en vez de los 45 días y 42 mensualidades del contrato indefinido ordinario. Este falso contrato indefinido con baja indemnización, más que sustituir a los contratos precarios, lo hará con los actuales contratos estables y quedará como único modelo en el futuro. También se aumentan los supuestos en los que el Fogasa se hará cargo de las indemnizaciones en lugar de las empresas (casi todos los del despido objetivo del art. 52 del ET).
Además, no se corrige la última reforma de 2002, que redujo los costes del despido al suprimir los salarios de tramitación.
4. Trasvasa enormes recursos económicos a la patronal. Por dos vías: las bonificaciones y la reducción de cotizaciones. En cuanto a las bonificaciones somos el país europeo que más gasta en este capítulo. Así, desde 1998 las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social han supuesto para las empresas 17.453 millones de
euros (¡casi tres billones de las pesetas antiguas!).y para 2006 están presupuestados 2.500 millones de euros.
La reducción de cuotas al desempleo (0,5%), al Fogasa (0,2%) y a las ETT (1%) son otras concesiones que se podrían haber invertido en mejorar las prestaciones de los trabajadores y que puede generar problemas a medio plazo al sistema de prestaciones. Es tan escandaloso el sistema de regalo de dineros públicos a la
patronal que en bastantes supuestos de contratación les van a salir gratis las indemnizaciones por despido.
5. No va a disminuir la rotación en el empleo. El límite al encadenamiento de contratos en muy débil: no es retroactiva la medida (es decir, no se va a aplicar a los actuales 5 millones de contrataos temporales), se permiten rotaciones de dos años sobre 30 meses y es muy fácil de burlar por cualquier empresario avispado
que sólo tiene que no renovar justo antes del plazo. Parece más una medida destinada a legalizar el tremendo fraude empresarial existente, que a estabilizar la contratación.
6. Es un acuerdo muy desequilibrado a favor de los empresarios. La concesiones de despidos más baratos, más bonificaciones y menos cuotas no compensan las pequeñas mejoras laborales (prestaciones al desempleo de mayores de 45 años sin cargas familiares, cierta mejora de indemnizaciones del Fogasa, la desaparición del residual contrato de inserción, recoger lo que ya dicen los tribunales sobre cesión de trabajadores o un cierto aumento de los efectivos de la inspección de trabajo), que en comparación son insuficientes. Además, no se puede olvidar que se han quedado fuera los grandes objetivos sindicales: recuperar la causalidad y
controlar el encadenamiento de los contratos, suprimir los más fraudulentos y regular la subcontratación.
7. El proceso de negociación tiene un fuerte déficit democrático. No ha habido la suficiente información ni ha llegado a los centros de trabajo, el debate ha sido mínimo, la movilización inexistente y la toma de decisiones cupular y sin consulta a las bases de afiliados y trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué se tiene miedo de
consultar a los afiliados/as si se está convencido de las bondades del acuerdo?
