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El Estado sionista acentúa su racismo.

Por DANIEL ADALBERTO STRAGA - CORREPI
El reciente pronunciamiento de la magistratura israelí ratificando la ley
que niega el derecho a vivir en ese país a palestinos que contraen nupcias
con árabes israelíes demuestra la persistente política de apartheid
desplegada por Tel Aviv sobre el pueblo palestino.

A la sistemática perpetración de delitos de lesa humanidad cometidos
por las fuerzas de seguridad israelíes, se adiciona ahora una auténtica
prohibición de contraer matrimonios mixtos.
La Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel, tal como se denomina la legislación
segregacionista, prohíbe a los israelíes casados con palestinos de los
territorios ocupados vivir con sus cónyuges en Israel. Este hecho les obliga
a elegir entre vivir ilegalmente con la familia en Israel o trasladarla a
los territorios ocupados en una situación de conflicto bajo la ocupación
militar.
A pesar de la excepción de cierta franja etaria, la prohibición procura que
esas parejas no alcancen plenos derechos en Israel y a su vez, el aspirar a
la unificación de los lazos familiares.
La medida judicial retrotrae a la humanidad a los tiempos del apartheid
sudafricano, donde estaba vedado a personas de distinta raza contraer
matrimonio con otra de otro grupo racial.
Esta ley del tiempo de Sharon se parece en mucho aquella del supremacismo
sudafricano: la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos No 55 de 1949, la
cual prohibió los matrimonios de blancos con no blancos. Ésta fue seguida
por la Ley de Inmoralidad No 21 de 1950 la cual reguló hasta las actividades
privadas de los ciudadanos al prohibir la “fornicación ilegal”, y “cualquier
acto inmoral e indecente” entre una persona blanca y una persona africana,
india, o de color.
Los gobiernos del Kadima o del Likud podrían asimilar también esta última.
Es que, tanto en el régimen de Daniel F. Malan como en el del racismo
israelí, el objetivo parece ser el mismo: era restringir el número de
oprimidos. En Sudáfrica había que restringir los batunstanes, en Israel a
los palestinos sobre todo aquellos que viven en territorio israelí y más
específicamente en Jerusalén Oriental, calificados de ‘amenaza demográfica’
por algunas autoridades israelíes.
.
Esta resolución colisiona contra toda la normativa humanitaria que
se opone a toda forma de racismo o discriminación. Es evidente que por
razones de nacionalidad, enmascaradas en la sempiterna cantinela de la
“seguridad”, se está violentando el art. 16 de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, así como toda la normativa emanada de Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.
Explícitamente los mentores de esta legislación remarcaron la selectividad
que impone el Estado de Israel. Y con ello conculcando la Convención
internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973. Esta
convención obliga a los Estados adheridos a adoptar inmediatamente medidas
positivas para eliminar toda incitación a esa discriminación o todo acto de
discriminación. Israel, hace todo lo contrario. Fomenta la discriminación.
La aplicación de la mencionada ley, ahora con el aval judicial,
hubiera merituado la instrucción ante el Tribunal Penal Internacional, claro
está si Israel no hubiera repudiado el Estatuto de Roma. Si un país como
Israel que desarrolla una política de segregacionismo en el marco de la
eliminación respecto del pueblo palestino no puede ser alcanzado por el
derecho penal internacional, el mismo -así como la instancia de la Comisión
de Derechos Humanos - es pura quimera.
La comunidad internacional no puede permanecer siempre al margen de
esta realidad. No es posible que, las Naciones Unidas mantengan la ominosa
posibilidad del veto para los integrantes del Consejo de Seguridad.
Israel, al ser el aliado estratégico del imperialismo estadounidense, puede
vulnerar todos y cada uno de los pactos de derechos humanos que está
garantizada su inmunidad. Cualquier acción que se sustancie en su contra en
el seno de la orbe será obstaculizada por el veto de EE UU. Ni siquiera se
formula la posibilidad de aplicar sanciones de cualquier tipo como las que,
oportunamente, la humanidad penalizó al sistema sudafricano.
En este mundo unipolar, Estados Unidos sostiene y defiende un estado
racista.
Como diría la politóloga francesa Ariane Chebel d’Appollonia el racismo es
una de las formas más descarnadas de considerar al “otro” como inferior.

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