Administración Pública y “Neutralidad Tecnológica”
José Sánchez
LaRepública.es
Para algunos es ya conocida la típica expresión de “Neutralidad Tecnológica” acuñada por los políticos de turno que tienden a no entender las tecnologías actuales y a desconocer por completo cualquier concepto informático.
Dejando de un lado que quien ostenta un cargo y va a dar un discurso de algo, como mínimo debería tener buenos asesores que le escribiesen un discurso o afianzasen un par de conceptos antes de hablar de ese tema particular, el término en si parece sacar de todos los aprietos a cualquiera que quiera quedar bien a costa del software libre, este término (o más bien coletilla por lo mucho que lo repiten) debería unirse a otros infames términos como: daños colaterales, conflicto armado y demás eufemismos que quieren tapar una realidad de facto.
Explicar neutralidad tecnológica en la administración de un modo simple se resumiría en que no pueden obligarme a tener que comprar el “programa X” que vale bastantes euros para entregarles un documento (por ejemplo tener que comprarme el word para poder enviarles un escrito en la versión “doc 97″ como piden en algún sitio) o en tener que usar Microsoft Windows™ para poder hacer la declaración de la renta.
Esta neutralidad tecnológica, implicaría el uso de algún formato de entrega de documentos estándar (conocido por todos e implementado por la mayoría de programas ya sean comerciales o no) como el OpenDocument (que es un formato nuevo que pretende ser el estándar universal de documentos, para que cualquier persona desde cualquier programa y desde cualquier sistema operativo pueda leer ese documento). Como no, las principales compañías de software del mundo se negarán a implementar estos estándares porque los gobiernos de todo el mundo les seguirán el juego afianzándose en la más absoluta comodidad y en el más precario desconocimiento que les hará pagar por algo que podrían tener gratis y de mejor calidad.
Como ya se supone, esta “neutralidad” de la que tanto alardean políticos de todas ideologías, es, hoy por hoy, a falta de una palabra mejor que lo defina, un chiste o más bien una mala burla hacia nosotros los ciudadanos. Ejemplos claros fueron (en un principio) el lector para los nuevos DNI electrónicos, el programa para hacer la declaración de la renta (éste último parece que de nuevo sólo es válido para windows de nuevo) y así podríamos seguir con demasiados ejemplos, a cada cual, más sangrante.
Es evidente que el Estado no puede ni debe hacer el juego a ninguna compañía privada, haciendo que para cualquier comunicación con la administración se deban utilizar programas de una sóla compañía, programas que por cierto, son bastante caros y no debemos sentirnos obligados a comprar y tampoco usar de manera ilegal, ya que las alternativas existentes son muchas y la mayor parte, gratuitas y mejores.
Por citar un programa parecido al famoso Word de Microsoft™, resaltaré el OpenOffice (OO), que además de software libre es gratuito, y no por ello de peor calidad, sino más bien, todo lo contrario, ya que desde hace algunas versiones cuenta con soporte para pasar a PDF. Este tipo de programas, tan conocidos y útiles, en muchas ocasiones son olvidados por la administración que presume de tanta neutralidad.
Por favor, recuerden que la próxima vez que oigan hablar de neutralidad tecnológica, a quien quiera que se lo oigan y sobre todo si es un político, pídanle una rebaja en los impuestos por estar haciéndole publicidad a la principal compañía de software, ya que, cuando se dice que se abogará por la neutralidad tecnológica en el sector X, se está diciendo que pondrán ordenadores en ese sector y quien use los mismos programas que ellos, podrán entenderse.
En honor a la verdad, hay auténticas honrosas excepciones como Extremadura, que cuenta a día de hoy con un movimiento en torno al software libre bastante importante, en lugar de pagar dinero por licencias de programas muy caros a empresas extranjeras, pagan a españoles para que hagan el software que cumpla los requisitos necesarios y luego lo liberen para que la gente lo pueda usar de forma gratuita. De este modo se consiguen dos cosas: Que el programa no desaparezca por las buenas (hay empresas que desaparecen y no se pueden volver a comprar licencias de esos caros programas y hay que gastar más dinero en programas nuevos) y además tener un programa que se pueda saber como funciona por dentro para ver que no atenta contra nuestra intimidad, algo realmente trascente cuando el programa maneja datos tan sensibles como fincas, patrimonios, impuestos…
Cada vez este tipo de iniciativas se extiende más, pero debemos ser los ciudadanos quienes tengamos conocimiento que existe vida más allá de los clásicos programas caros que mucha gente usa sin licencia (de manera ilegal), que estos programas tienen una alternativa libre y gratuita y que además, estaremos dando más trabajo a nuestro país y disminuyendo sensiblemente la inflacción, lo cual redundaría en una mejor administración y gestión de nuestros impuestos sin tantos despilfarros perfectamente evitables.
