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El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a responder por la muerte en 1997 de 19 campesinos cerca a la población de Ituango, en el departamento de Antioquia a manos de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según informa el diario colombiano El Tiempo, el tribunal consideró unánimemente que el Estado es responsable de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los campesinos, por no haber tomado las medidas necesarias para protegerlos.

Las 19 personas murieron en dos ataques perpetrados en 1997 por paramilitares en las cercanías de Ituango, en el noroccidente del país.

El primero de los ataques ocurrió el 11 de junio de 1997 en el sitio conocido como La Granja, donde fueron ultimados cuatro campesinos.

La segunda masacre tuvo lugar el 25 de octubre de ese año en la localidad de El Aro, muriendo 15 campesinos.

Indemnización

El Estado colombiano fue condenado a indemnizar a las familias de las víctimas en un monto cercano a US$1.5 millones.

También deberá ayudar a la reconstrucción de las viviendas de los damnificados por los ataques.

La región de Ituango fue escenario de choques violentos entre organizaciones paramilitares y grupos insurgentes de izquierda.

En 2004, el Estado colombiano fue condenado por este mismo tribunal a pagar una indemnización de US$6.5 millones a los familiares de las víctimas de otra masacre de 19 comerciantes, ocurrida en Puerto Boyacá, en la región central del país, en octubre de 1987 y atribuida también a paramilitares.

Fuente BBC.
Vía Rebelión
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Colombia, fosa de pobres

Libardo Muñoz
Rebelión

De los 32 departamentos que tiene Colombia, en 29 hay fosas comunes cavadas por los paramilitares para llenarlas de pobres.

Estamos ante una realidad aterradora, producto del sistema político colombiano, que sitúa a nuestro país en un plano de vergüenza e ignominia ante la faz del mundo.

“Como están las cosas en el país, donde se meta la pica hay un muerto”, dijo uno de los funcionarios de la Fiscalía General de La Nación, durante una de las excavaciones (El Espectador, semana del 2 al 8 de julio 06).

El paramilitarismo en Colombia es parte de la estructura de gobierno de un Estado corrupto, empleado para imponer un sistema intolerante, excluyente y antidemocrático, que cuenta con el apoyo financiero de los círculos ganaderos, terratenientes, oficiales, suboficiales y muchos elementos de baja graduación empleados como gatilleros.

La situación de las fosas comunes es de tal magnitud que la capacidad del Instituto de Medicina Legal para identificar a las víctimas, fue desbordada y la FGN, “ya no tiene dónde guardar los esqueletos encontrados”.

Se acudió entonces a la capacidad de varias universidades, entre ellas la Nacional, para que mantengan restos humanos en custodia, con la idea de que algún día pueda saberse de quiénes se trata.

La antropología forense que existe en Colombia no tenía idea siquiera aproximada de la dimensión de la tragedia humanitaria que vive este país, sólo por la aplicación de uno de los métodos más crueles de apropiación de la tierra de los más pobres.

Un cálculo inicial, parcial, dice que en sólo ocho regiones de Colombia hay 1.880 restos humanos enterrados en fosas comunes.

En San Onofre, zona limítrofe entre Bolívar y Sucre, se encontraron fosas comunes con restos de 95 personas.

De enero a mayo de este año, se descubrieron 83 fosas comunes en el territorio nacional, pero además los investigadores tienen la certeza de que falta por encontrar una cantidad muy superior a la ya conocida.

El exterminio, la tortura, la desaparición forzada y el desplazamiento de millones de campesinos, es la triste verdad que nos legaron las castas políticas dedicadas a mantener, desde su Senado, gobernaciones y alcaldías, un remedo de democracia, que no es más que una mofa sangrienta, criminal, un reto a la decencia y a la inteligencia humana.

Todo está claro: en la misma medida en que van apareciendo fosas comunes, prosperan las enormes operaciones financieras, las ganancias de la banca, de las inmobiliarias, los grandes edificios, es decir, una operación de lavado de dinero que sobrepasa la imaginación.

Estamos ante el resultado de largas décadas del Estado de Sitio, del poder presidencial desbocado, en manos de enemigos de la democracia, que hoy, no contentos con su opulencia, pretenden instaurar una dictadura y desmontar lo que queda de la Constitución Nacional.